BUROCRACIA DE GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL ACENTUA MISERIA CAUSADA POR EL HURACAN FELIX.
¿Podría alguien estar en peores condiciones que ella? Adolfina Downs vivió en Sandy Bay hasta septiembre de 2007. Entonces tenía 49 años que parecían 69, siete hijos vivos y uno muerto con tres nietos paupérrimos y panzones que ahí deambulaban desnudos y taciturnos por las lombrices sin tratar. Su marido borracho la dejó con la prole para irse a vivir con otra más joven a los Cayos Miskitos, y la abandonó en una choza reducida, donde el único sustento eran varias gallinas ponedoras, un cerdo capado, y lo que pescaba cuando se hacía a la mar en una canoa vieja con un juego de redes. “Mala vida”, se quejaba ella.
Entonces llegó el jaque: Félix se presentó una mala mañana del 4 de septiembre de 2007 y le enseñó cruelmente que siempre es posible estar peor de lo que uno se imagina. De su ex marido Toribio Taylor nunca más supo nada. La choza que le dejó en Ninayari se la llevó el viento, y los mismos malos aires le exterminaron los animales domésticos y le extraviaron en los confines de las aguas turbulentas la canoa y los aperos de pesca. Adolfina abandonó sus ruinas unos días después del desastre. Se vino a Bilwi con cinco de sus hijos y con sus pocas pertenencias a casa de una hermana suya que habita en el barrio El Muelle. Sus dos hijas, adolescente una y adulta joven la otra, se quedaron en la comunidad tratando de rehacer sus vidas con sus parejas.
El día que contó su historia Adolfina estaba apostada en el portón de la casa de gobierno en Bilwi, buscando a alguien (que ella no sabía quién podía ser) que le ayudase a conseguir unas láminas de zinc para construir un cuarto extra en la casa donde ahora posa. Al final de la tarde ya no estaba apostada ahí, y no se sabrá si consiguió lo que buscaba, pero lo que se conoce es que así como ella, con el huracán mucha gente perdió lo poco que tenía, y, a la fecha, no ha recuperado nada.
Agravó la miseria.
Antes de que el fenómeno azotara la zona, ya la Región Autónoma de la Costa Atlántica (RAAN) era considerada como uno de los territorios más pobres del país, con un 92 por ciento de pobreza extrema en las comunidades rurales y un 43.7 de pobreza en la parte urbana. “Lo que el huracán Félix hizo fue agravar los niveles de miseria que aquí existían, y ahora ya no se sabe si lo que se está tratando de hacer es paliar los daños provocados por el huracán o aminorar la pobreza crónica de antes del desastre”, dice Lottie Cunningham. Muy crítica y locuaz, Cunningham es la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), una organización no gubernamental que elaboró un estudio de seguimiento a la reconstrucción y asistencia a las víctimas del huracán, cuyos resultados revelan que gran parte de la desgracia de septiembre, sigue estando intacta.Según el estudio “Impacto del Huracán Félix en la Región Autónoma del Atlántico Norte”, concluido en 2008 y elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el impacto en la RAAN alcanzó un monto por daños de 13,395.02 millones de córdobas (equivalentes 716.31 a millones de dólares).
ONU: “Gobierno debe ayudar”.
“El monto de las pérdidas (30%) fue sufrido principalmente por la sociedad de la región: la población y las comunidades que se encuentran entre las de mayor pobreza y menor índice de desarrollo humano del país. Por ello representa una necesidad urgente del gobierno acudir en soporte de la recuperación de dichas pérdidas”, indicaba el estudio de las Naciones Unidas. La estructura del impacto del meteoro en la RAAN reflejó un gran daño sobre el medio ambiente (76.0% del total de daños y pérdidas). El huracán afectó gravemente 1 millón 600 mil hectáreas de bosques y selvas. Los sectores productivos (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) significaron el 8.8% del daño total, con pérdidas del 90 por ciento de cultivos agrícolas y hasta el 95 por ciento de la capacidad productiva y comercial de la pesca, mientras la destrucción a los sectores sociales significó el 11% de los montos calculados, concentrados en la destrucción de las viviendas y enseres domésticos.
“Se necesitaban 700 millones de dólares para dejar la RAAN como era antes del desastre, pero a la fecha, no sabemos cuánto se ha aportado. No hay mucha información oficial sobre las cifras, hay un secretismo y una centralización que ha afectado el proceso de reconstrucción”, denuncia Cunningham, basada en los resultados del Programa de Auditoría Social Implementado desde las Comunidades.
Secretismo y burocracia.
Según sus datos, el resumen de costos por la rehabilitación de la RAAN tras el impacto del huracán, requería cerca de 302 millones de dólares, de los cuales 158.4 millones se necesitaban para levantar la infraestructura social y las viviendas, y 67 millones para reactivar la actividad agropecuaria y pesquera. “No sabemos cuánto se ha hecho, el gobierno no da las cifras”, denuncia ella, y las cantidades sobre cuánto ha hecho el gobierno regional, el municipal y el central, varían. El organismo de la sociedad civil cree que no se ha cubierto el 30 por ciento de las necesidades básicas de la población. El gobierno regional, por medio del gobernador Reynaldo Francis, calcula que se han atendido las demandas de al menos el 40 por ciento de la población afectada, y la Alcaldía de Puerto Cabezas revela un porcentaje de atención al 60 por ciento de las comunidades y barrios del municipio.
Quejas por doquier.
¿Quién concilia las cifras? No será, por supuesto, Silverio Salazar, padre de seis hijos y dueño de una casucha a medio construir en Sisín, donde se nota de lejos, y muy cerca aún más, que muy poco se ha hecho después de que el huracán les cambió la vida. Martillo en mano, herramientas al alcance y serrucho cerca, reconstruye con ripios de madera y pedazos de zinc, lo que quedó de su vivienda. Salvo 20 láminas y 5 libras de clavos que le entregaron por parte del gobierno, no ha recibido nada más. “Comida, ropa, medicina y plásticos, todo eso, nos lo donaron los organismos”, dice Salazar, y señala alrededor, donde se advierte un inusual caserío de techos azules y grises, que son los toldos donados por agencias de cooperación y ONG que imprimen sus logos y sellos en las donaciones.
No es el único que se lamenta del escaso apoyo gubernamental. Los que fueran a visitar Krukira después del huracán, se darían cuenta que salvo el desorden que provocó el viento, desparramando ranchos y lanzando a las calles los techos, trastos y ropas que le daban un aspecto de desastre, la comunidad sigue siendo la misma: bella y paradisíaca, pero pobre y semiderruida, todavía con los árboles exponiendo sus raíces al cielo. Petronila Jean Torres, sentada sobre una hamaca y viendo palidecer el día sobre la laguna que bordea el caserío, arruga la cara cuando se le pregunta sobre el apoyo que han recibido: trajeron comida, medicina y ropa a los días del huracán, después zinc, y después nada, acusa.
¿Dónde está la ayuda?
“Pregunté cuántas casas ha construido el gobierno, y rételos a que se las muestren, o que le digan dónde están”, plantea desafiante Debby Hodgson, Directora del Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos de la Costa Atlántica, para quien la ayuda oficial se ha dilapidado sin control y sin rigor en los vericuetos de la burocracia, y cuidado, en los de la corrupción. Tiene sus razones para dudar de la transparencia: mucha de la ayuda que llegó al puerto, aún con los sellos de los países donantes, apareció de venta en los mercados locales antes que llegase a su destino. El zinc que se supone serviría para abrigar a las familias que quedaron sin techo, una buena porción del metal, apareció a precios elevados en el mercado negro local.
Subordinación, coimas, trabas.
“En vez de coordinar con nosotros, quisieron subordinarnos, por eso a veces se cuenta con ellos y a veces no”, denuncia Cunningham, en contraposición a la versión de la alcaldesa Nancy Elizabeth Enríquez, que asegura la existencia de una estrecha cooperación entre el Gobierno Regional y las entidades públicas con las misiones de cooperación. “No hemos podido avanzar en más de un año en la construcción de un proyecto de viviendas populares aquí cerca de Puerto Cabezas, porque las autoridades municipales y ambientales nos han puesto muchas trabas, mucha burocracia”, denuncia el director de un proyecto humanitario internacional, que prefiere el anonimato para evitar posibles repercusiones al proyecto.
José Adán Silva - Tercera Entrega.
El Nuevo Diario – 12/09/08.